Las cifras de siniestralidad vial en nuestro país siguen sin descender, mientras la ratio de incumplimiento en la ITV se mantiene por encima del 30%, dos factores que se unen a un parque móvil envejecido y a bajos niveles de concienciación de la importancia de la labor que realizan las estaciones de inspección técnica. Se trata de una situación que debe despertar la preocupación de las autoridades.
Para conocer más sobre estos desafíos y el papel que deben desempeñar instituciones como el Parlamento para enfrentarlos, entrevistamos este mes a Juan José Matarí, miembro del Senado, presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado y expresidente de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados.
- ¿Por qué no desciende la siniestralidad vial en España?
El estancamiento en la reducción de la siniestralidad vial en España responde a una compleja combinación de factores estructurales y coyunturales. Así lo evidencia el cierre de 2023, año en el que se registró un incremento del 3% tanto en accidentes de tráfico con víctimas como en el número de fallecidos respecto a 2022. Además, la “letalidad” -definida como el cociente entre fallecidos y víctimas- permanece anclada en 1,3 desde 2013.
Entre los factores estructurales, auténticas raíces de este estancamiento, destacan:
- El envejecimiento del parque móvil: en 2024, la edad media del parque de vehículos en España alcanzó los 15,1 años, notablemente superior a la media europea (12,5 años) y solo por debajo de países como República Checa (16,2), Estonia (16,8) y Grecia (17,5). Esta situación incide directamente en la seguridad vial, ya que los vehículos más antiguos presentan mayor propensión a defectos que pueden comprometerla, especialmente si se suma la falta de una ITV en vigor. Así lo corrobora el estudio “Contribución de la ITV a la seguridad y al medio ambiente” de la Universidad Carlos III de Madrid (2022).
- La creciente sobrerrepresentación de usuarios vulnerables: el cambio progresivo en la movilidad urbana ha elevado la proporción de víctimas entre usuarios vulnerables, que ya representan el 52% del total de fallecidos, porcentaje que en vías urbanas asciende al 80%. La movilidad urbana sigue en aumento: en 2023, las víctimas mortales en vías urbanas crecieron un 10% respecto a 2022, frente al1 % registrado en vías interurbanas. Destaca, además, la irrupción de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), cuyo peso en la siniestralidad ha crecido un punto porcentual anual en los últimos cuatro años, situándose en el 3% en 2022 y manteniéndose en 2023 (12 fallecidos y 146 heridos graves).
- El agotamiento de las medidas coercitivas: la eficacia de las medidas implementadas desde 2005 muestra signos de fatiga, como refleja el estancamiento de los indicadores de siniestralidad y el aumento sostenido de las denuncias de tráfico. El trienio 2021-2023 ha registrado el mayor número de denuncias desde 1961, superando los 5,4 millones anuales (con un récord de 5.542.005 en 2022).
- La ausencia de un modelo político de gestión integral: la falta de un sistema de coordinación efectiva entre las instituciones responsables de la seguridad vial limita el alcance de las estrategias nacionales, como ya sucedió con la estrategia 2010-2020 y está ocurriendo con la de 2021-2030. Esta carencia, reiteradamente señalada desde diversos ámbitos, impide que España alcance el “objetivo Cero” en 2050.
Entre los factores coyunturales, destaca la reincidencia en conductas peligrosas -distracciones (30% de los siniestros mortales), exceso de velocidad (26%) y consumo de alcohol (21%) – que, año tras año, perpetúan un nivel de inseguridad vial incompatible con los estándares de un país que, desde hace dos décadas, debería haber consolidado su “edad de oro” en seguridad vial.
- ¿Por qué España tiene un incumplimiento en ITV del 33 % frente a otros países (< 10 %)?
La elevada tasa de incumplimiento de la ITV en España -33% en 2023- contrasta con los porcentajes de un solo dígito que presentan la mayoría de los países de la Unión Europea (inferior al 5% en Escandinavia; en torno al 8% en Alemania y Francia). Esta diferencia se explica, principalmente, por factores estructurales cuya persistencia compromete la eficacia de cualquier medida correctora.
Entre estos factores destacan:
- Antigüedad del parque automovilístico: a mayor antigüedad, mayor probabilidad de obtener resultados desfavorables en la ITV, lo que incrementa la tentación de eludir la revisión.
- Percepción de la ITV como trámite burocrático: muchos conductores no la consideran una medida de seguridad vial, a pesar de que, según el citado estudio de la Universidad Carlos III, el 60% de los siniestros causados por defectos técnicos podrían evitarse con una inspección rigurosa.
- Déficit de campañas de concienciación: la ausencia de campañas sostenidas y efectivas ha impedido la consolidación de una cultura de cumplimiento, que solo puede arraigarse mediante una labor educativa continuada.
Estos elementos han generado en España una “cuasi cultura” de incumplimiento, difícil de erradicar sin intervenciones estructurales y sostenidas.
- ¿Hay que endurecer sanciones o reforzar la concienciación?
A corto plazo, el endurecimiento de las sanciones puede ejercer un efecto disuasorio sobre determinados infractores. Sin embargo, la experiencia europea y el consenso de los expertos apuntan a la necesidad de:
- Reforzar la concienciación social: es imprescindible que la ITV sea percibida como un deber cívico, mediante campañas periódicas basadas en evidencia (como ARAS en motos), que aporten datos sobre vidas salvadas y reducción de emisiones. Igualmente, la formación de conductores y la educación vial temprana deben incluir módulos sobre mantenimiento preventivo e ITV.
- Introducir incentivos positivos: descuentos o bonificaciones en el impuesto de circulación para vehículos con ITV al día y sin rechazos en la última inspección pueden fomentar el cumplimiento.
- Innovar en la administración: sistemas de recordatorio automático y mecanismos como el “semáforo” (verde-amarillo-rojo, según la frecuencia de rechazos) que activen inspecciones “in situ” de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, han demostrado ser más eficaces a medio y largo plazo.
Por tanto, la estrategia óptima combina el refuerzo de las sanciones para reincidentes con un impulso decidido a la concienciación, explicando el impacto directo de la ITV en la seguridad vial y la protección ambiental.
- ¿Cómo puede el Congreso impulsar la concienciación sobre la ITV?
El Congreso de los Diputados, a través de la Comisión sobre Seguridad Vial, constituye el ágora idónea para reunir a todos los actores del sistema de movilidad y alcanzar consensos en torno a las políticas de seguridad vial.
Esta comisión, por su pluralidad y carácter no legislativo, favorece el diálogo inclusivo y el consenso previo a cualquier trámite parlamentario, además de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
En este contexto, el sector de la ITV encuentra en la Comisión sobre Seguridad Vial el entorno más propicio para elevar propuestas, así como recomendaciones técnicas y políticas al más alto nivel. Durante mi presidencia en dicha comisión, y en cumplimiento del compromiso de contribuir a la Estrategia Española de Seguridad Vial 2021-2030, se incluyó la comparecencia del director gerente de AECA-ITV entre las 32 sustanciadas entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021.
La Comisión puede desempeñar un papel clave impulsando campañas institucionales, promoviendo la colaboración interinstitucional y con la sociedad, fomentando la transparencia y el acceso a los datos, y actualizando la normativa para adaptarla a las nuevas tecnologías y a la realidad de un parque móvil envejecido. Todo ello resulta esencial para erradicar la cultura de incumplimiento, que afecta a más de 8 millones de vehículos que circulan actualmente en España con la ITV caducada.
- ¿Qué papel deben desempeñar las autoridades en la reducción del absentismo en la ITV?
Como se ha señalado, el principal obstáculo para la eficacia de las medidas de seguridad vial -y, en particular, para reducir el alto ratio de incumplimiento de la ITV- reside en la ausencia de un modelo de gestión integral que garantice la coordinación entre instituciones.
Mientras tanto, cada nivel de la administración debe asumir las responsabilidades que le otorga el marco legislativo:
- Ministerio de Industria y Turismo: garantizar la calidad y homogeneidad de las inspecciones técnicas, supervisando y acreditando las estaciones de ITV, y realizando auditorías periódicas para certificar el nivel profesional y los equipos.
- Comunidades Autónomas: supervisar los precios de las inspecciones para asegurar su asequibilidad, garantizar un número suficiente de plazas para evitar demoras, reforzar la supervisión de estaciones y agilizar los procedimientos sancionadores a los centros que incumplan plazos o estándares.
- Dirección General de Tráfico: facilitar el intercambio de datos con ITV, aseguradoras y registros de vehículos para identificar reincidentes, y coordinar campañas de inspección aleatoria “in situ” con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
- Municipios: incorporar recordatorios sobre la obligación de pasar la ITV en el pago del IVTM y en la renovación del permiso de circulación, así como colaborar en campañas locales de información y puntos de inspección móvil en zonas rurales.
En síntesis, el estancamiento en la reducción de la siniestralidad vial, el alto ratio de incumplimiento y la elevada no conformidad en la ITV son fenómenos interrelacionados. Un parque móvil envejecido, bajos niveles de concienciación y barreras económicas y administrativas explican en gran medida estos desafíos.
La respuesta política debe ser eficiente, eficaz y persistente, combinando sanciones graduadas, incentivos, campañas de sensibilización basadas en datos y una modernización administrativa que facilite el cumplimiento. En este sentido, el Congreso de los Diputados, a través de la Comisión sobre Seguridad Vial, puede liderar el cambio normativo, educativo y de gestión, en estrecha colaboración con la DGT, el Ministerio de Industria, las comunidades autónomas, los municipios, la sociedad civil y el propio sector.